La bancarrota o quiebra fraudulenta es un delito financiero que a menudo se presenta de cuatro formas generales. Primero, los deudores ocultan los activos para evitar que sean confiscados. Segundo, los individuos intencionalmente presentan formularios falsos o incompletos. Tercero, los individuos se declaran en bancarrota en mas de un estado simultaneamente. Cuarto, los deudores sobornan al fideicomisario designado por el tribunal. En general, el delincuente combina una de estas formas de fraude con otro delito, como robo de identidad, fraude hipotecario, lavado de dinero o corrupción pública.
Cerca del 70% de los casos de bancarrota fraudulenta implican que el deudor oculte activos. Los acreedores sólo pueden liquidar los activos que declara el deudor. De esta manera, el deudor puede llegar a conservar los activos pese a tener deudas pendientes. Para proteger más aún los activos, las empresas o individuos transfieren los activos no declarados a amigos, familiares o socios para evitar que sean localizados. Este tipo de bancarrota fraudulenta aumenta los riesgos y costos asociados a los préstamos.
Otro tipo de bancarrota fraudulenta cada vez más común en los Estados Unidos es conocida en inglés como el “petition mill” o una fabrica de peticiones de bancarrota. Los estafadores se hacen pasar por asesores financieros para ayudar a arrendatarios sin dinero que prevenir que sean desalojados de su casa, apartamento u otra vivienda. El arrendatario cree estar recibiendo ayuda, pero el estafador, en realidad, lo declara en bancarrota para dilatar el desalojo. Mientras tanto, se cobran tarifas exorbitantes por el "servicio" hasta vaciar la cuenta de ahorros del inquilino y dañar su historial de credito.
La declaración de bancarrota fraudulenta múltiple consiste en declararse en bancarrota en varios estados utilizando el mismo nombre e información, o diferentes alias e información falsa o una combinación. Este crimen retrasa los procedimientos judiciales para presentar la bancarrota y liquidar los activos. En general, los deudores que intentan ocultar activos logran protegerlos aún más de esta manera.
La bancarrota fraudulenta es un procedimiento de carácter penal. Para probar el fraude es necesario demostrar que el acusado distorsionó la información en forma deliberada y fraudulenta. La bancarrota fraudulenta tiene penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta $250,000 o ambas.