La primera enmienda

La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno.

Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión. La cláusula de establecimiento (Establishment Clause) prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o muestren preferencia por una religión sobre otra. La Corte, sin embargo, declaró constitucionales algunas actividades del gobierno relacionadas con la religión, como por ejemplo, brindar transporte en autobuses para estudiantes de escuelas parroquiales y permitir la aplicación de las "leyes de descanso dominical". La cláusula del libre ejercicio prohíbe que el gobierno, en la mayoría de los casos, intervenga en la práctica religiosa de las personas.

La libertad de expresión incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición (que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios). También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que el alcance de estos derechos se aplica al gobierno federal, aunque sólo se menciona expresamente al Congreso. Además, la Corte interpretó que la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda protege los derechos enumerados en la primera enmienda respecto de la intervención de los gobiernos estatales.

El componente más básico de la libertad de expresión es el derecho a la libertad de palabra. Este derecho permite que los individuos se expresen sin intervención ni restricción del gobierno. La Corte exige que el gobierno brinde una justificación sólida para intervenir. Para las leyes de contenido neutral, se aplica una prueba menos estricta. La Corte también reconoció que el gobierno puede prohibir toda expresión que altere la paz o provoque violencia. El derecho a la libertad de palabra incluye otras formas de comunicar un mensaje.

El derecho a la libertad de prensa permite que las personas se expresen a través de una publicación u otro medio de difusión. No otorga a los miembros de los medios de comunicación ningún derecho o privilegio especial que no tengan los ciudadanos en general.

El derecho a reunión permite que las personas se reúnan con fines pacíficos y legales. La Corte reconoció abiertamente que los derechos a la libertad de asociación y de creencia están implícitos en la primera, quinta y decimocuarta enmiendas. La libertad de reunión no incluye un derecho de asociación. El gobierno puede prohibir que las personas se asocien con otras para participar y promover actividades ilegales en forma deliberada.

El derecho de asociación prohíbe que el gobierno exija que un grupo se registre o divulgue la identidad de sus miembros. Tampoco puede negarles a personas beneficios oficiales por pertenecer o haber pertenecido a determinado grupo. La Corte estableció que existen excepciones a esta regla: se trata de casos en que los intereses del gobierno de divulgar o registrar se consideran suficientes para no respetar los derechos de la primera enmienda.

El derecho de petición garantiza el derecho de reclamar ante el gobierno una compensación por violaciones a derechos mediante un litigio u otra medida que disponga el gobierno. Junto con el derecho de reunión, permite que las personas se reunan a fin de obtener cambios en el gobierno.

 

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