The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) submitted the case Carrión y Otros v. Nicaragua to the Inter-American Court of Human Rights concerning Nicaragua’s international responsibility for failing to properly investigate the death of Carrión. She was in the process of divorce and had custody of her son when she was found dead at home. The medical examiner classified the death as suicide, but her family disputed this, citing her ex-partner’s history of violence. The prosecutor initially closed the case, affirming suicide, but later reopened it and filed charges against the ex-partner. These proceedings were ultimately suspended after an amparo (constitutional remedy) was filed and upheld by the Nicaraguan Supreme Court in 2019. The IACHR found that the investigation lacked due diligence, particularly from a gender perspective. It identified irregularities including interference at the crime scene, poor evidence collection, and flawed autopsy procedures. Authorities relied exclusively on the suicide hypothesis despite substantial evidence pointing to femicide and reinforced gender stereotypes by attributing the death to Carrión’s alleged emotional instability, psychiatric history, separation from her partner, and alcohol use. These failures, combined with judicial delays, prevented the continuation of criminal proceedings. The IACHR concluded that Nicaragua violated Carrión’s rights to judicial guarantees, equal protection, and judicial protection under Articles 8, 24, and 25 of the American Convention on Human Rights, as well as its duty to investigate gender-based violence. It recommended reopening the investigation with a gender perspective, strengthening prosecutorial and judicial training, ensuring proper reporting mechanisms such as Women’s and Children’s Police Stations, and reinforcing institutional capacity to address violence against women. This case highlighted systemic failures in Nicaragua’s response to gender-based violence and underscored ongoing shortcomings in the protection mechanisms envisioned by Law No. 779, the Comprehensive Law Against Violence Toward Women.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Carrión y Otros v. Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativo a la responsabilidad internacional de Nicaragua por la falta de debida diligencia en la investigación de la muerte de Carrión. Ella se encontraba en proceso de divorcio y tenía la custodia de su hijo cuando fue hallada muerta en su casa. El dictamen médico forense clasificó la causa como suicidio, pero la familia de Carrión lo disputó, señalando antecedentes de violencia por parte de su expareja. El Ministerio Público cerró inicialmente el caso confirmando el suicidio, pero luego lo reabrió y presentó cargos contra la expareja. Sin embargo, estos procedimientos fueron suspendidos tras la interposición de un amparo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2019. La CIDH determinó que la investigación careció de debida diligencia, especialmente desde una perspectiva de género. Identificó irregularidades como interferencias en la escena del crimen, recolección deficiente de pruebas y fallas en la autopsia. Las autoridades se limitaron a la hipótesis de suicidio pese a la existencia de pruebas sustanciales que apuntaban a un feminicidio, además de reproducir estereotipos de género al atribuir la muerte a supuesta inestabilidad emocional, antecedentes psiquiátricos, separación de su pareja y consumo de alcohol. Estas falencias, sumadas a retrasos judiciales, impidieron la continuación del proceso penal. La CIDH concluyó que Nicaragua violó los derechos de Carrión a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el deber estatal de investigar la violencia de género. Recomendó reabrir la investigación con perspectiva de género, capacitar al Ministerio Público y al poder judicial, garantizar mecanismos de denuncia adecuados como las Comisarías de la Mujer y la Niñez, y reforzar la capacidad institucional para enfrentar la violencia contra las mujeres. Este caso evidenció deficiencias sistémicas en la respuesta de Nicaragua frente a la violencia de género y subrayó la insuficiencia de los mecanismos de protección previstos en la Ley No. 779, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.