Law No. 21,643/2024 introduced amendments to the Labor Code to strengthen the prevention, investigation, and sanctioning of workplace harassment, sexual harassment, and violence in the workplace. It establishes that all employment relationships must be free from violence, respect human dignity, and apply a gender-sensitive approach. The law defines sexual harassment, workplace harassment, and violence committed by third parties outside the employment relationship. It also broadens the list of prohibited discriminatory acts, adding social origin and other factors as grounds. Sanctions include dismissal of the harasser, administrative fines, and compensation in cases of false claims. Employers are required to create protocols for the prevention, investigation, and sanction of harassment and violence, including sexual and workplace harassment, and to inform employees of these protocols. These protocols must be incorporated into internal workplace regulations, and employers may request technical assistance for implementation under the guidelines of the Superintendence of Social Security (SUSESO).
La Ley nº 21.643/2024 introdujo modificaciones al Código del Trabajo para reforzar la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el trabajo. El principio rector es que toda relación laboral debe desarrollarse en un entorno libre de violencia, con respeto a la dignidad de la persona y desde una perspectiva de género. El texto legal define el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral. Además, amplía las hipótesis de discriminación prohibida, incorporando motivos como el origen social u otros factores que generen trato desigual. Entre las sanciones previstas se incluyen el despido del acosador, multas administrativas e incluso indemnización en caso de denuncias falsas. Los empleadores están obligados a elaborar protocolos de prevención, investigación y sanción frente a situaciones de acoso y violencia, los que deben incorporarse en el reglamento interno de cada organización. La ley también ordena a los empleadores informar a sus trabajadores sobre estos protocolos y permite solicitar asistencia técnica para su implementación, bajo las directrices de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).