Resolution No. 17721-2016-0094 (2017)
A woman was accused of engaging in acts of physical and psychological violence against two girls, aged six and four, who were under her care and protection as a domestic worker. The lower court ruled in favor of her, but the appellate court subsequently overturned the judgment and found her to be guilty of a hate crime under Article 212.5 of the Penal Code. The appellate court typified this criminal act as a hate crime because the accused’s actions had been motivated by her contempt for the victims based on their age. As a result, the appellate court sentenced the accused to six months in prison and ordered her to pay the victims $1,000.00 USD as reparation. However, both the accused and the victims’ father appealed the judgment. The accused claimed that the appellate court’s judgment violated multiple articles in the Constitution and the Code of Criminal Procedure, and requested that her conviction be overturned and her presumption of innocence reinstated. In contrast, the victims’ father requested that the accused’s sentence be increased, arguing that the appellate court had failed to consider the existence of aggravating circumstances provided for in certain provisions of the Penal Code and the Constitution. Ultimately, the National Court of Justice dismissed the accused’s appeal, finding that no legal errors existed on behalf of the appellate court, as well as the appeal of the victims’ father, determining that the penalty imposed by the appellate court was proportionate to the crime.
La acusada, una mujer, cometió actos de violencia física y psicológica contra dos niñas, de seis y cuatro años, que se encontraban bajo su cuidado y protección como trabajadora doméstica. El tribunal inferior decidió a favor de la acusada, pero el tribunal de apelación posteriormente anuló la sentencia y declaró a la acusada culpable de un delito de odio conforme al artículo 212.5 del Código Penal. El tribunal de apelación tipificó este acto delictivo como un delito de odio porque las acciones de la acusada habían sido motivadas por su desprecio hacia las víctimas en razón de su edad. Como consecuencia, el tribunal de apelación condenó a la acusada a seis meses de prisión y le ordenó pagar a las víctimas US$1.000,00 como reparación. Sin embargo, tanto la acusada como el padre de las víctimas apelaron la sentencia. La acusada alegó que la sentencia del tribunal de apelación violaba múltiples artículos de la Constitución y del Código de Procedimiento Penal, y solicitó que se anulara su condena y se restableciera su presunción de inocencia. Por el contrario, el padre de las víctimas solicitó que se aumentará la pena de la acusada, argumentando que el tribunal de apelación no había considerado la existencia de circunstancias agravantes previstas en ciertas disposiciones del Código Penal y de la Constitución. En última instancia, la Corte Nacional de Justicia desestimó el recurso de la acusada, concluyendo que no existían errores legales por parte del tribunal de apelación, así como el recurso del padre de las víctimas, determinando que la pena impuesta por el tribunal de apelación era proporcional al delito.