The Court held that existing legal provisions and international treaties that provide women with special rights and considerations were not in violation of the Colombian Constitution's equal rights provision. The Court reasoned that such provisions were not aimed at withholding rights from men, but instead were aimed at correcting any shortcomings in the rights owed to women.
La Corte sostuvo que las disposiciones legales existentes y los tratados internacionales que otorgan a las mujeres derechos y consideraciones especiales no violaban la disposición de igualdad de derechos de la Constitución colombiana. La Corte razonó que tales disposiciones no tenían por objeto privar de derechos a los hombres, sino que tenían como objetivo corregir cualquier deficiencia en los derechos que se les debían a las mujeres y expandir los derechos de las mismas.