La ley más importante para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo es la Ley Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Act u OSHA, por sus siglas en inglés). Esta ley exige que el Secretario del Trabajo apruebe normas y estándares de salud y seguridad para proteger a los empleados y a sus familias. Todo empleador privado que realiza actividades de comercio interestatal está sujeto a estas normas.
La ley creó el Comité de Asesoría Nacional sobre la Seguridad y Salud Ocupacional (National Advisory Committee on Occupational Safety and Health). El Secretario del Trabajo puede autorizar inspecciones en los lugares de trabajo para garantizar que se cumplan con las normas, investigar condiciones si se presentaron quejas y determinar qué normas se necesitan. Si se descubre que un empleador viola una norma de seguridad o de salud, se emite una citación.
Para evaluar las citaciones, la ley estableció la Comisión de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacionales (Occupational Safety and Health Review Commission). La decisión de la comisión también está sujeta a revisión judicial. El Secretario puede imponer multas de acuerdo con el tipo de violación y la duración del incumplimiento de la citación. Además, éste puede solicitar una medida cautelar para interrumpir las condiciones o prácticas que representan una amenaza inmediata para los empleados. La ley también creó el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health), que depende del Secretario de Salud y Servicios Humanos. Aquí se realizan investigaciones sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo y se recomiendan normas al Secretario de Trabajo. Las agencias federales deben establecer sus propias normas de salud y seguridad.
Según el OSHA, los estados no pueden dictar leyes que regulen áreas directamente cubiertas por las normas de esta ley, sin la autorización del Secretario de Trabajo. Sin embargo, es posible regular áreas que no estén cubiertos por la ley mediante la presentación de un plan que sea aprobado en el ámbito federal.