In 2002, Ms. Sandra Patricia Lamprea Duque, a 23 year old Colombian woman, reported that she was raped by Nelson Otalora, the accused. The rape was part of multiple instances of mistreatments, threats, harassments and economic exploitations that lasted for eight years between 1994 and 2002. Due to statutory limitations, the accused was only charged with rape which took place in 2002. The Court of First Instance acquitted the accused based on the reasoning that Sandra Patricia had had a relationship, albeit a difficult one, with the accused and therefore the act at issue could not be ascertained as without consent. The Court of Second Instance found the accused guilty and sentenced him to imprisonment on the reasoning that occurrence of violence renders historical sexual intimacy and lack of resistance during the act at issue irrelevant. The Court also concluded that the credibility of the victims of sexual violence could not be questioned by the court based on previous sexual relations, that lawyers must respect fundamental human rights and that a victim of sexual violence should not be “re-victimized” by legal professionals during legal proceedings involving sexual violence. The Court noted, however, that lack of consent could not be inferred from a dysfunctional relationship, as was the case between the aggressor and the accused.
En 2002, la señora Sandra Patricia Lamprea Duque, colombiana de 23 años, denunció que fue violada por Nelson Otalora, el acusado. La violación fue parte de múltiples instancias de malos tratos, amenazas, hostigamientos y explotaciones económicas que se prolongaron durante ocho años entre 1994 y 2002. Debido a limitaciones legales, el imputado solo fue acusado de la violación que tuvo lugar en el 2002. El Juzgado de Primera Instancia absolvió el imputado en base a el razonamiento de que Sandra Patricia había tenido una relación, aunque difícil, con el imputado y, por lo tanto, el encuentro sexual en cuestión no podía determinarse que había occurrido sin consentimiento. El Juzgado de Segunda Instancia declaró culpable al imputado y lo condenó a prisión, razonando que la ocurrencia de violencia torna irrelevante la intimidad sexual que haya ocurrido en el pasado y la falta de resistencia durante el acto en cuestión. La Corte también concluyó que la credibilidad de las víctimas de violencia sexual no puede ser cuestionada por la Corte basada en relaciones sexuales previas, que los abogados deben respetar los derechos humanos fundamentales y que una víctima de violencia sexual no debe ser "re-victimizada" por profesionales legales durante procesos judiciales de violencia sexual. Sin embargo, la Corte señaló que la falta de consentimiento no puede meramente inferirse de una relación disfuncional, como fue el caso entre el agresor y el imputado.