Women and Justice: Court: Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera

Domestic Case Law

Expediente 07-200123-0306-PE Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera (2013)

Sexual violence and rape

The public defender is appealing a conviction of sexual assault on behalf of his client. The appeal argues that (1) the facts alleged are imprecise and ambiguous (e.g., how is it possible to restrain someone’s arms while touching them at the same time?) and (2) the sexual contact was consensual because there was no evidence of the victim’s fighting back, she didn’t scream for help, had no injuries or physical signs of assault. Given the alleged failure to show that the contact was not consensual, the public defender argues that a charge of sexual harassment would be more appropriate, since the defendant was the victim’s employer. The court rejected the appeal, stating that the burden is not on the victim to show physical or objective signs of nonconsent; rather, the burden is on the defendant to show that the victim consented, which he failed to do. The court notes that victims are not obligated to display certain actions or behaviors to prove they did not consent to sexual contact. The court also notes that it is important to analyze each case on an individual basis, and not to reinforce stereotypes regarding victims’ behaviors. The court also dismissed the argument regarding the imprecise nature of the facts presented at the initial proceeding on the basis that the incident occurred six years ago, when the victim was 18 years old.

El defensor público está apelando la convicción de asalto sexual de su cliente. La apelación propone que, (1) los hechos alegados son imprecisos y ambiguos (por ejemplo, ¿cómo es posible contener los brazos de alguien y tocarlos sexualmente al mismo tiempo?) y (2) el acto sexual fue consensual porque no hay evidencia de que la víctima se resistiera, gritara pidiendo ayuda, o tuviera lesiones u otras marcas físicas de asalto. Dado el fallo en mostrar que el acto no fue consensual, el defensor público propone que un cargo de acoso sexual sería más apropiado, ya que el acusado era el empleador de la víctima. La corte rechazó la apelación concluyendo que la carga legal de probar que hubo falta de consenso mútuo en el acto sexual, no está en la víctima. La carga probatoria cae en el acusado, quien tiene que mostrar que la víctima consintió al acto sexual, lo cuál él falló en demostrar. La corte agregó que las víctimas no están obligadas a mostrar actos específicos o ciertos comportamientos para demostrar que no consintieron al acto sexual. Es importante analizar cada caso individualmente y no intensificando estereotipos con respecto a los comportamientos esperados de una víctima. La corte también rechazó el argumento con respecto a la imprecisión de la evidencia física discutido en el procedimiento inicial referente a que los actos ocurrieron seis años atrás cuando la víctima tenía 18 años de edad.