Women and Justice: Keywords

This law promotes, protects, and supports motherhood and breastfeeding for working women, up to 24 months of age, to ensure the proper care of the children. On this note, every pregnant worker shall have the right to access a maternity leave, for a period of 18 uninterrupted weeks, regardless the type of contract under which she provides a service. This leave will be extended to 24 weeks in cases of baby’s severe diseases or premature births. Mothers have the right to receive their regular salary during maternity leave.

Esta ley promueve, protege y apoya la maternidad y lactancia de la mujer trabajadora, hasta los 24 meses de edad del menor, asegurando el cuidado adecuado de los hijos. En este sentido, toda trabajadora embarazada tendrá derecho a acceder a la licencia de maternidad, por un período de 18 semanas ininterrumpidas, independientemente del tipo de contrato bajo el cual preste un servicio. Este permiso se extenderá a 24 semanas en caso de enfermedades graves del bebé o parto prematuro. Las madres tienen derecho a recibir su salario regular durante la licencia de maternidad.

This decision unified court’s criteria regarding issues of protection of motherhood and employment rights for pregnant women. The Constitutional Court analyzed 33 cases where pregnant women were dismissed by their employers after learning of their pregnancy status. The court ruled in favor of reinforced protection of motherhood in the workplace. Such doctrine must be duly applied in all those cases in which a woman is pregnant or during her lactation period. In relation to the dismissal of female workers, the court established criteria that takes into consideration the knowledge of the pregnancy status by the employer. It is argued that in order to dismiss a woman under such circumstances, the employer shall demonstrate (i) that a fair motive can be argued and (ii) that permission from the competent administrative authority has been granted. The required protection measures in cases where the employer dismissed the worker without the aforementioned procedure are as follows: (i) recognition of health benefits, up to the moment the woman acquires the right to claim the economic maternity leave benefit; (ii) reinstatement of the pregnant woman or the renewal of her contract, whenever possible; (iii) in some cases, compensation as provided for in article 239 of the Labor Code.

Esta sentencia unificó los criterios de la Corte Constitucional en temas de protección de la maternidad y derechos laborales de las mujeres embarazadas. La Corte Constitucional analizó 33 casos en los que mujeres embarazadas fueron despedidas por sus empleadores después de conocer su estado de embarazo. El tribunal falló a favor de una protección laboral reforzada de la maternidad en el lugar de trabajo. Tal doctrina debe ser debidamente aplicada en todos aquellos casos en los que una mujer se encuentre embarazada o lactando. En relación con el despido de trabajadoras, la Corte estableció criterios que toman en consideración el conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador. Se argumenta que, para despedir a una mujer embarazada, el empleador deberá demostrar (i) que se puede alegar una justa causa y (ii) que se ha otorgado el permiso de la autoridad administrativa competente. Las medidas de protección requeridas en los casos en que el empleador despida a la trabajadora sin el procedimiento antes mencionado son las siguientes: (i) reconocimiento de beneficios de salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho a reclamar el beneficio económico de licencia por maternidad; (ii) la reincorporación de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, cuando sea posible; (iii) en algunos casos, la indemnización prevista en el artículo 239 del Código del Trabajo.

This decision unified the court’s criteria regarding employment rights for pregnant women and their special labor protections. The Constitutional Court analyzed three cases where pregnant women were dismissed by their employers, who were not aware of the workers’ pregnancy status at the time of dismissal. The Constitutional Court reaffirmed the importance of guaranteeing job security for pregnant workers, especially during the lactation period, as a measure to avoid discrimination against women at work. Consequently, in order to dismiss a worker whose pregnancy status was known by the employer, an employment inspector must grant permission beforehand. However, the court ruled by elaborating on previous jurisprudence, that it was excessive to oblige a former employer to readmit an employee and pay social security contributions for a worker who was dismissed without prior knowledge of her pregnancy status. In the study of those cases, the court held that when the employer has no knowledge of the pregnancy status and terminates a pregnant employee’s employment contract, no discrimination can be argued and therefore no protection of motherhood can be granted.

Esta sentencia unificó el criterio de la Corte Constitucional respecto de los derechos laborales de las mujeres embarazadas y su protección laboral reforzada. La Corte Constitucional analizó tres casos en los que mujeres embarazadas fueron despedidas por sus empleadores, quienes desconocían el estado de embarazo de las trabajadoras al momento del despido. La Corte Constitucional reafirmó la importancia de garantizar la estabilidad laboral de las trabajadoras embarazadas, especialmente durante el período de lactancia, como medida para evitar la discriminación laboral de las mujeres. En consecuencia, para despedir a una trabajadora cuyo estado de embarazo era conocido por el empleador, un inspector de trabajo debe otorgar un permiso previo. Sin embargo, la Corte Constitucional dictaminó, con base en fuentes jurisprudenciales, que era excesivo obligar a un ex empleador a readmitir a una empleada y pagar las contribuciones a la seguridad social de una trabajadora que fue despedida, si no tenían conocimiento previo de su estado de embarazo. En el estudio de esos casos, la Corte Constitucional sostuvo que cuando el empleador no tiene conocimiento del estado de embarazo y termina el contrato de trabajo de una empleada embarazada, no se puede alegar discriminación y, por lo tanto, no se puede otorgar protección laboral reforzada.