B.B. en representación de A.A. (personas protegidas) vs SaludCoop E.P.S. (Sentencia T-388-09 - Acción de Tutela-, Expediente: T-1.569.183)

The case concerned women’s sexual and reproductive rights, specifically the right to voluntarily terminate the pregnancy. The court ruled that sexual and reproductive rights, including abortion in certain circumstances, are subject to constitutional protection. A pregnant woman’s husband requested that the health care provider perform a genetic and pathological test on the fetus and the termination of his wife’s pregnancy, based on an alleged diagnosis of malformation, among other complications. The doctor refused upon conscientious objection. The court cited the ruling C-355/06, which referred to the decriminalization of abortion under any of three circumstances: (i) the pregnancy poses a serious risk for the woman life, (ii) the fetus has severe malformations or (iii) the pregnancy was the result of a rape. In this decision, the court also ruled that the physician’s conscientious objection to perform the procedure was inadmissible. Ultimately, specific guidelines were established, so women could freely exercise their right to voluntarily terminate their pregnancy under the authorized scenarios. As such, the court instructed the Superintendent of Health (‘Superintendencia Nacional de Salud’) to adopt a number of measures to ensure that health centers and medical institutions have adequate staff to attend voluntary abortions.

El caso se refería a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, específicamente el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. La Corte Constitucional indicó que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto en determinadas circunstancias, son objeto de protección constitucional. El esposo de una mujer embarazada solicitó a la prestadora de salud la realización de un examen genético y patológico al feto y la interrupción del embarazo de su esposa, con base en un presunto diagnóstico de malformación, entre otras complicaciones. El médico se negó por objeción de conciencia. La Corte Constitucional citó la sentencia C-355/06, que se refería a la despenalización del aborto en cualquiera de estas tres circunstancias: (i) el embarazo presenta un riesgo grave para la vida de la mujer, (ii) el feto presenta malformaciones graves o (iii) el embarazo fue el resultado de una violación. En esta sentencia, la Corte también declaró inadmisible la objeción de conciencia del médico para realizar el procedimiento. En definitiva, se establecieron lineamientos específicos para que las mujeres pudieran ejercer libremente su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos autorizados. Como tal, la Corte instruyó a la Superintendencia Nacional de Salud a adoptar una serie de medidas para garantizar que los centros de salud y las instituciones médicas cuenten con el personal adecuado para atender abortos voluntarios.