During the night of August 14, 2009, the respondent and another man raped the complainant, a 15-year-old girl, in a motel. The victim testified that she had been given a drink that caused her to fall asleep. When she awoke, the the appellant asked her to accompany him and his companion. When she refused, they forcibly restrained her and transported her to the motel in a truck where they raped her. The appellant was sentenced to 12 years of extraordinary imprisonment (“reclusión mayor extraordinaria”) for the crime. He appealed his sentence to the criminal chamber of the National Court of Justice. The appellant argued that the complainant’s testimony was unreliable. The National Court of Justice denied the appeal, noting that the protection of minors and adolescents against sexual violence is an important government priority, and the rights of this vulnerable group are protected by the Constitution. Furthermore, the National Court of Justice agreed with the lower court’s assessment of the complainant’s testimony, noting that crimes like rape are necessarily perpetrated in private or otherwise hidden and thus there would be likely few witnesses beyond the complainant herself. The lower court, therefore, appropriately afforded the complainant’s testimony particular importance when determining the defendant’s guilt. The court also noted that competent doctors and psychologists who examined the complainant also testified and corroborated aspects of her testimony.
Durante la noche del 14 de agosto del 2009, el demandado y otro hombre violaron a la denunciante, una joven de 15 años, en un motel. La víctima declaró que le habían dado una bebida que la hizo quedarse dormida. Cuando se despertó, el apelante le pidió que lo acompañara a él y a su acompañante. Cuando ella se negó, la sujetaron por la fuerza y la trasladaron al motel en una camioneta donde la violaron sexualmente. El apelante fue condenado a 12 años de prisión extraordinaria (“reclusión mayor extraordinaria”) por el delito. Él discutió su sentencia ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional. El apelante argumentó que el testimonio de la autora no era correcto. La Corte Nacional de Justicia denegó el pedido, señalando que la protección de menores y adolescentes contra la violencia sexual era una prioridad importante del gobierno y los derechos de este grupo vulnerable están protegidos por la Constitución. Además, la Corte Nacional de Justicia estuvo de acuerdo con la evaluación del tribunal de primera instancia del testimonio de la autora, señalando que delitos como la violación son necesariamente perpetrados en privado o de otra manera encubiertos y, por lo tanto, probablemente habría pocos testigos además de la propia víctima. Por lo tanto, el tribunal de primera instancia concedió una importancia especial al testimonio del autor al determinar la culpabilidad del acusado. El tribunal también señaló que los médicos y psicólogos competentes que habían examinado a la denunciante también testificaron y corroboraron aspectos de su testimonio.
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