Women and Justice: Keywords

Legislation

Ley 1719 de junio 18, 2014 (2014)


Gender violence in conflict, Sexual violence and rape, Statutory rape or defilement

This law modified some articles of Law 599 from 2000 and 906 from 2004, and adopted measures that expanded access to justice for victims of sexual violence, especially for those who experienced it during the armed conflict. As such, it stated the conduct and behaviors that amount to sexual violence crimes and the way they must be judicialized. Furthermore, it established that victims of sexual violence have the right to receive comprehensive compensation and reparation upon their individualized the damages.

Esta ley modificó algunos artículos de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004, y adoptó medidas que ampliaron el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, especialmente de aquellas que la vivieron durante el conflicto armado. En tal sentido, señaló las conductas y comportamientos que constituyen delitos de violencia sexual y la forma en que deben ser judicializados. Asimismo, estableció que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a recibir una indemnización y reparación integral sobre la base de los daños y perjuicios individualizados.



Decreto 1930 de septiembre 6, 2013 (2013)


Gender violence in conflict

This Decree adopted the National Public Policy of Gender Equity (‘Política Pública Nacional de Equidad de Género’). It aims for the development of specific plans and programs that guarantee the rights of forcibly displaced women, including their right to a violence-free life. The policy also acknowledged the importance of the differential approach from the gender perspective, taking into account the particularities arising out of urban and rural context, Afro-Colombian, indigenous, and peasant women. In turn, the Decree created a cross-sectional commission in charge of the coordinating the implementation and technical and operational follow-up of the National Public Policy on Gender Equality.

Este Decreto adoptó la Política Pública Nacional de Equidad de Género. Esta tiene como objetivo el desarrollo de planes y programas específicos que garanticen los derechos de las mujeres que han sido desplazadas forzosamente, incluyendo su derecho a una vida libre de violencia. La política también reconoció la importancia del enfoque diferencial desde la perspectiva de género, tomando en cuenta las particularidades que surgen del contexto urbano y rural, las mujeres afrocolombianas, indígenas y campesinas. A su vez, el Decreto creó una comisión transversal encargada de coordinar la implementación y el seguimiento técnico y operativo de la Política Pública Nacional de Igualdad de Género.