Patiño López vs Castro Morales (SP834-2019; Expediente 50967)

The defendant, a public servant from a local prosecutor office in Colombia, was charged with a sexual harassment offense and acquitted. It was argued that the defendant met the plaintiff in a public park to discuss the subpoena of a parallel judicial proceeding in which the plaintiff was involved. Instead, he offered her money in exchange for sex. The plaintiff refused. The Supreme Court of Justice upheld the acquittal, finding that the prosecutor incorrectly qualified the defendant’s conduct as sexual harassment. On one hand, sexual harassment requires an element of hierarchy in order to qualify as a criminal offense. In this case, the public servant did not hold a hierarchically superior position in respect to the plaintiff. On the other hand, to be deemed sexual harassment, the conduct must be relentless and constant. However, the public servant’s conduct was an isolated event. Furthermore, the event could not qualify as a crime against Public Administration because the defendant did not offer the plaintiff any advantage in the parallel judicial proceeding in which she was involved.

El acusado, un servidor público empleado de una fiscalía regional en Colombia, fue acusado del delito de acoso sexual y posteriormente fue absuelto. La denunciante argumentó que el acusado se reunió con ella en un parque público para discutir la citación a un proceso judicial en el que estaba involucrada la denunciante. En cambio, le ofreció dinero a cambio de sexo. La denunciante se negó. La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución al considerar que el ente acusador calificó incorrectamente la conducta del acusado como acoso sexual. Por un lado, para que sea delito, el acoso sexual requiere un elemento de jerarquía. En este caso, el servidor público no ocupaba un cargo jerárquicamente superior respecto de la denunciante. Por otro lado, para ser considerado acoso sexual, la conducta debe ser incesante y constante. Sin embargo, la conducta del servidor público fue un hecho aislado. Finalmente, el hecho tampoco podía calificarse como delito contra la Administración Pública porque el acusado no ofreció a la denunciante ninguna ventaja en el proceso judicial paralelo en el que ella se encontraba involucrada.