Demanda de constitucionalidad, Ariza Rangel y Prada O’meara vs Parágrafo del artículo 10 de la Ley 48/1993 ‘Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización’ (Sentencia C-659-16, Expediente: D-11364)

This judicial review concerned the issue of women’s military service. The court ruled that limits on the activities that women can perform during voluntary military service were unconstitutional, because they violated women’s constitutional right to be treated equally. The law stated that women in the military could only engage in assistant, administrative, or cultural tasks. The Court indicated that such limitations were based on stereotypes that imply that women are not suitable for other military activities. Consequently, the Court argued that those measures were unreasonable and disproportionate, and therefore unconstitutional. Arguably, such limits were also contrary to the values and principles of an egalitarian society that confronts patriarchal models of domination and violence against women. The Court elaborated by holding that the activities carried out by each person in the military service must be determined based on the needs of the service and according to objective and reasonable criteria. Characteristics of each person have to be considered, not merely generalized based on gender stereotypes.

Esta demanda de constitucionalidad buscaba analizar las condiciones del servicio militar de las mujeres. La Corte dictaminó que los límites a las actividades que pueden realizar las mujeres durante el servicio militar voluntario eran inconstitucionales, porque violaban el derecho constitucional de las mujeres a ser tratadas en igualdad de condiciones. La ley establecía que las mujeres en las fuerzas armadas solo podían desempeñar tareas de asistentes, tareas administrativas o actividades culturales. La Corte indicó que tales limitaciones se basaban en estereotipos que implican que las mujeres no son aptas para otras actividades militares. En consecuencia, la Corte argumentó que dichas medidas eran infundadas y desproporcionadas y, por lo tanto, inconstitucionales. Tales límites también eran contrarios a los valores y principios de una sociedad igualitaria que busca enfrentar modelos patriarcales de dominación y violencia contra las mujeres. La Corte sostuvo que las actividades realizadas por cada persona en el servicio militar deben determinarse con base en las necesidades del servicio y de acuerdo con criterios objetivos y razonables. Hay que tener en cuenta las características de cada persona, no generalizarlas con base en estereotipos de género.